El organismo fue fruto de una fuerte movilización de distintos actores vinculados con el sector agropecuario, que nació como reclamo pero luego se convirtió en debate y propuesta. Finalmente, con el acompañamiento del intendente municipal de entonces, Gustavo Vignali, el HCD sancionó la ordenanza 2649/02 el 19 de septiembre de 2002

El Ingeniero Alberto del Solar Dorrego, 20 años atrás en una reunion fundacional en la Cooperativa de Carabelas
El 19 de septiembre de 2002 fue sancionada la ordenanza N° 2649 que creó, en el ámbito de la municipalidad local, la Secretaría de Obras, Servicios Viales Rurales y de Ordenamiento Hídrico de Rojas.
La norma, votada por unanimidad por el concejo deliberante de entonces, fue la que aportó estructura institucional a una enorme participación popular que incluyó a productores agropecuarios, a otros actores de la economía, a las comunidades educativas de las escuelas rurales, a los dos departamentos del gobierno municipal (ejecutivo y deliberativo) y a numerosos vecinos que, por una u otra razón, se plegaron a los debates que recorrieron al distrito de punta a punta.
El «caldo de cultivo» para el nacimiento de la secretaŕia vial participativa fue el año 2001, sus catástrofes económicas y su posterior debacle institucional. Sumado a esto, la cuestión climática: las lluvias fueron intensas, no sólo ese año sino que también lo habían sido los anteriores; la producción agraria estaba complicada, y los caminos, colapsados.
Y si ese entorno ya presagiaba tempestades, apareció el germen. Un suceso aparentemente anodino: el ingeniero Alberto del Solar Dorrego, un productor agropecuario que tiene su establecimiento en la zona de Hunter, padecía, como todos los demás, el pésimo estado de los caminos de tierra; pero un día vio a una máquina trabajando cerca de su campo. Entonces, comentó la novedad y, en el corralón municipal, se enteró de que no se estaba trabajando para la recuperación de los caminos de tierra del distrito sino solamente en algunos lugares muy puntuales, por donde pasaría el Rally Federal.
La conclusión era clara: los caminos que no se arreglaban para la producción y para la vida de las comunidades rurales, iban a ser reparados, en parte, para una competencia automovilística.
Esto generó una gran indignación que no se limitó al sector de la producción sino que también abarcó a las comunidades educativas de las escuelas rurales, a las familias que por entonces vivían en el campo y encontraban grandes dificultades para salir de sus casas y a una cantidad importante de personas y empresas vinculadas de alguna manera con estas actividades; entre ellas, la Cooperativa de Carabelas, que fue sede de reuniones mientras que sus directivos se transformaron en activos participantes de la movilización.
Luego de algunas reuniones, la comunidad agraria decidió que no habría Rally Federal: si se realizaba la competencia, harían «piquetes» para cortar los caminos.
En conocimiento de la situación, el intendente municipal de entonces, Gustavo Vignali, asumió el desafío; participó de varias reuniones con el sector afectado y dio el visto bueno para que, luego del debate que llegaría a todas las localidades y parajes del partido, le hicieran llegar las propuestas para llevarlas a la práctica.
Las asambleas realizadas en ocho lugares diferentes del distrito de Rojas se convertirían luego en las Comisiones Rurales; y representantes de estos núcleos de habitantes de la ruralidad conformarían al Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales (CAMPR).
Estos actores, junto con el Secretario Vial al que el intendente debía designar eligiéndolo de una terna presentada por el CAMPR, tendrían a su cargo la gestión de la nueva Secretaría, la administración de los fondos y la planificación de obras, servicios, inversiones y demás.
Toda esta movilización adquirió cuerpo legal el 19 de septiembre de 2002, cuando el proyecto nacido de la movilización y redactado por el abogado agrarista carabelense Juan Carlos Acuña fue aprobado por el Concejo Deliberante.
En cumplimiento de lo dispuesto, el intendente Vignali designó al ingeniero Claudio Rossi como secretario; los otros dos miembros de la terna eran profesionales foráneos. En tanto, el ingeniero Alberto del Solar Dorrego fue designado presidente del CAMPR. Con esa estructura, la secretaría vial participativa inició su trabajp, logró una mejora sustancial de los caminos en pocos años y se convirtió en única dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque logró plasmar una idea original que fue la vinculación entre el tema vial y el hídrico.
El organismo atravesó luego distintos avatares que no empañan todo aquello que, en un momento político, económico y social sumamente complicado, fue capaz de dar solución a un problema que muchos ni siquiera supieron cómo encarar.