El abogado que patrocina a la familia de Úrsula Bahillo en la acción civil afirmó que «las demandas ya están hechas y sólo falta presentarlas». En principio, los cuestionados son Marcelo Romero (juez de Mercedes) y Luciano Callegari (juez de paz de Rojas); pero se abre una nueva etapa en la investigación de responsabilidades apuntando a la cadena de encubrimiento, complicidad e inoperancia que posibilitó el crimen
González en el acto del 8 de febrero en plaza San Martín
Fabián Esteban González es abogado y patrocina a la familia de Úrsula Bahillo en la causa civil ya iniciada contra diferentes organismos del Estado que, a su juicio, posibilitaron, o no impidieron debiendo hacerlo, el crimen de la jovencita rojense. Esta situación fue resumida por Patricia Nasutti: «El Estado ausente y la justicia me mataron a mi hija», afirmaba durante el acto realizado el martes, cuando se recordó el primer año sin Úrsula.
Consultado sobre la situación, González se mostró sorprendido «por la cantidad de personas que están esperando justicia. Jamás me imaginé que podría suceder una cosa así cuando fui a la facultad de Derecho. Siento vergüenza por este sistema, por este departamento judicial de Junín, donde de catorce fiscales hoy quedaron tres. Lo lamento por toda esta gente, porque si a partir de hoy tienen problemas, no hay más justicia».
Luego agradeció a los presentes por movilizarse, y les aconsejó «que empiecen a preocuparse porque el sistema judicial no los va a ayudar; deberán ayudarse ustedes solos, si es que realmente quieren justicia».
Con respecto a la ya conocida cadena de encubrimiento, complicidad e inoperancia que posibilitó el crimen consideró el letrado que «no vamos por nadie en particular, sino por un sistema que sea realmente justo. Los que posibilitaron que este hecho fuera cometido deberían, al menos, ser retirados de sus cargos; y el Estado, indeminizar la muerte de una chica que no tendría que haber fallecido. Es así».
Reiteró que, en principio, los funcionarios cuestionados son el juez subrogante de Mercedes Marcelo Romero, que no ordenó la detención del oficial de la policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez a pesar de que una menor con discapacidad lo acusó positivamente de abuso sexual en cámara Gesell, y el juez de paz de Rojas, Luciano Callegari, que desestimó denuncias y no procedió con la celeridad que la situación requería. No obstante, aclaró que «a estas personas no las va a condenar Patricia Nasutti ni su abogado, sino que cuando se inicien las respectivas demandas, el sistema de justicia determinará si el doctor (Luciano) Callegari cometió "un horror o un error" (SIC), y el juez de Mercedes, lo mismo. Es el sistema para el que ellos trabajan el que deberá dar la sentencia en su momento».
Con respecto a los plazos, explicó que «para la presentación de las demandas civiles tenemos tres años, pero eso ya está hecho; falta solamente presentarlo, y no lo hicimos hasta ahora para dejar pasar esta fecha, por respeto a los padres. Pero la demanda ya está hecha».
