Se conocen los detalles y los requisitos para anotarse. El proyecto está en el HCD y podría ser aprobado en la próxima sesión

 Román Bouvier, director de Tierras

El Concejo Deliberante tiene en estudio un proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo a través de su dirección de Tierras, para definir y organizar el Programa Municipal de Viviendas. La iniciativa emanada del área que conduce el carabelense Román Bouvier podría ser aprobada en la próxima sesión.

Se trata de un plan que, al decir de Bouvier, «consiste en la decisión de la gestión de encarar planes de viviendas con recursos propios, sin necesidad de esperar que "bajen" de nación o provincia. Así colocamos al déficit habitacional como uno de los ejes principales de la gestión del intendente Claudio Rossi».

El Programa Municipal de Viviendas «Construyendo futuro» tiene como objetivo prioritario el diseño, la definición e implementación de políticas y estrategias tendientes al mejoramiento de la situación habitacional rojense, y será instrumentado a través de «planes de vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad social que tengan su domicilio en el distrito de Rojas y que reúnan los requisitos exigidos».

El texto de la norma establece que, a la hora de las adjudicaciones, se priorizará como beneficiarios «a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda por sus propios medios». El programa prevé que el municipio realizará gestiones ante la nación y la provincia para «obtener financiación legítima para la implementación de políticas de suelo y vivienda».

DE LOS ADJUDICATARIOS

Podrán ser adjudicatarios de inmuebles municipales, ya sea edificados o baldíos, las personas que así lo manifiesten presentando la correspondiente solicitud y documentación requerida.

El Departamento Ejecutivo deberá destinar un cupo mínimo del 5 por ciento en la adjudicación de inmuebles a personas con discapacidad o grupos familiares en los que alguno de sus integrantes tenga discapacidad. Tal circunstancia deberá ser acreditada con el Certificado Único de Discapacidad emitido por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser habitado efectivamente por la persona con discapacidad. En la escritura traslativa de dominio del inmueble adjudicado por este cupo se deberá constituir usufructo vitalicio a favor de la persona con discapacidad, bajo pena de nulidad.

REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES

Son requisitos para ser incluidos como postulantes:

–Poseer una residencia mínima inmediata de cinco años en el distrito, la cual deberá ser acreditada de forma fehaciente.

–No tener vivienda propia. Para acreditar este extremo, el interesado deberá suscribir una declaración jurada y presentar informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

–Ser de estado civil casado, o estar unido en aparente matrimonio con una antigüedad de tres años como mínimo a la fecha e presentación de documentación, acreditando ello mediante información sumaria o constancia con dos testigos extendida ante autoridad competente; ser padre o madre soltero, viudo o divorciado con hijos a cargo; o personas solas (en cuyo caso deberá justificarse su priorización con un informe socio–económico).

–Que su capacidad económica no le permita la construcción de una vivienda en forma particular.

–No haber sido excluido de otros planes nacionales, provinciales o municipales, o no haber perdido una adjudicación anterior por causas imputables al peticionante, que tenga como origen el incumplimiento de las obligaciones emergentes de tal adjudicación.

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Los adjudicatarios quedarán sometidos a las siguientes obligaciones:

–Suscribir las declaraciones juradas y formularios tipo relacionados con el programa, presentando la documentación e informes que fueren requeridos, en los plazos establecidos.

–En el supuesto de adjudicación de inmuebles edificados, los adjudicatarios deberán habitar el inmueble en forma efectiva y permanente, no pudiendo ceder, vender, gravar, disponer, alquilar, prestar ni realizar cualquier otro acto que implique la cesión de derechos sobre los mismos. En caso contrario, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su inmediata desadjudicación.

–Abonar las cuotas en concepto de cánones mensuales o saldo de precio que se establezcan, dentro de los plazos establecidos.

–Los adjudicatarios deberán destinar el inmueble a su vivienda única, familiar y de ocupación permanente, no pudiéndole dar otro destino ni explotarlo para ningún otro fin, sin la expresa autorización municipal.

–Ejercer sus derechos atendiendo al buen estado de conservación y mantenimiento del inmueble que recibirán, no pudiendo realizar ninguna alteración o modificación en el mismo sin la expresa autorización del municipio, estando a su exclusivo cargo los gastos originados.

–El precio del terreno o la vivienda podrá ser financiado en un plazo máximo de hasta doce años, y los ingresos serán afectados para la continuidad de planes de viviendas.

–La adjudicación de lotes o viviendas será por sorteo o licitación, públicos. Podrá hacerse de manera directa en caso de extrema emergencia habitacional, previo relevamiento del servicio social del municipio y con la intervención de la Comisión Municipal de Viviendas.

–Los adjudicatarios abonarán el precio establecido en hasta 144 cuotas mensuales y consecutivas, dentro de los diez días hábiles de cada mes, en las oficinas públicas del municipio de Rojas. El DEM podrá realizar los ajustes que considere necesarios.

–Una vez efectivizado el 90 por ciento del pago en concepto de valores de tierras o viviendas, el DEM iniciará las gestiones para escriturar, a través de la Escribanía General de Gobierno, siempre siendo quien inicie el trámite el titular adjudicado o familiar directo.

–Se podrá establecer el pago anticipado del saldo restante de lotes o viviendas, pudiendo obtener descuento de los intereses previstos por el DEM.

–El incumplimiento del pago de las cuotas, ya sean tres consecutivas o cuatro alternadas, dará lugar al municipio a intimar al adjudicatario para que regularice la situación. En casos plenamente justificados por razones de interés social, se podrá eximir del pago de los intereses punitorios, previa actuación de la Secretaría de Desarrollo Social. La falta de pago de las cuotas o cánones establecidos podrá ser motivo de desadjudicación del inmueble, pudiéndose readjudicar al suplente de cada uno.

–A partir del momento de la firma del contrato de cada uno de los inmuebles, el adjudicatario tendrá a su cargo el pago de tasas, impuestos y servicios.

CAPITAL Y RECURSOS

Los recursos del programa estarán constituidos por:

–El aporte de rentas generales efectuados por la municipalidad de Rojas según su presupuesto general.

–El producto del cobro de las cuotas de ventas de inmuebles, hipotecas por saldos de precio, alquileres, servicios, como así también aportes provenientes de convenios nacionales, provinciales, privados, etcétera.

–Los bienes inmuebles de propiedad de la comuna, considerados factibles de ser utilizados para la construcción de viviendas y en procesos de urbanización que se ejecuten o disponga ejecutar el Departamento Ejecutivo.

–Los inmuebles que en el futuro, por cualquier título, se transfieran a favor de la comuna para cumplimiento de sus fines.

–Los legados, subvenciones o donaciones que hicieren a la municipalidad de Rojas personas jurídicas, públicas o privadas.

ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Para el cumplimiento de lo estipulado en la ordenanza, el gobierno municipal tendrá las siguientes atribuciones:

–Convenir con entidades nacionales, provinciales o privadas, la construcción de viviendas siguiendo para ello las pautas y disposiciones oficiales en la materia.

–Celebrar acuerdos con entidades nacionales, provinciales, municipales o privadas con el objeto de desarrollar conjuntamente estudios tendientes a caracterizar y dimensionar la problemática habitacional del distrito de Rojas, a fin de construir un cuadro de situación apoyado en datos científicos que sirvan de soporte al programa.

–Afectar bienes inmuebles de propiedad de la comuna de Rojas, o bien adquirir o permutar los inmuebles que resulten necesarios para su posterior adjudicación a particulares en la forma y modo descriptos.

–Adherirse a planes de viviendas emprendidos por la nación o la provincia, y que respondan a las mismas características de este programa, a cuyos efectos se firmarán los pertinentes convenios, en lo que podrán comprometerse inmuebles municipales en otro tipo de prestación, siempre y cuando la adjudicación se efectúe respetando las prioridades que resulten de los estudios realizados por la municipalidad de Rojas. Esas prioridades tenderán siempre a satisfacer el interés general de la comunidad.

–Solicitar la expropiación de inmuebles con destino a este programa (causa de utilidad pública).

–Dictar la reglamentación interna del programa, estudiando y determinando las prioridades a las que se ajustarán las adjudicaciones de los respectivos inmuebles, ya sea edificados o baldíos.

–Designar y remover personal técnico, administrativo y obrero, necesario para el desempeño de las tareas relacionadas con la ejecución del programa.

–Llamar a licitación o concurso de precios para la construcción de viviendas, compras de materiales, etcétera, en los casos en que tal requisito sea necesario, de acuerdo a las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El barrio de ocho viviendas inauguradas en 2019 en Carabelas

Haciendo gala de la arbitrariedad que surge de un estado de excepción absolutamente injustificado, el municipio permitía que el centro cultural abriera «como bar» pero no que dejara actuar a músicos sobre el escenario. ¿Quién asesora al gobierno municipal?

Da vergüenza ajena la decisión municipal de suspender el evento de rock programado para el sábado pasado por el centro cultural La Minga, tomada cuatro horas antes del inicio del espectáculo y después de quince días de trabajo (y gastos) en la organización.

Tal decisión es inadmisible, propia de la arbitrariedad que nace de un estado de excepción también injustificado, aunque con claras intencionalidades políticas. Pero todo es más grave aún si se tiene en cuenta que, según informó el centro cultural a través de un comunicado, la prohibición fue solamente para la actuación de los músicos; podían abrir normalmente, pero no permitir que tocaran las bandas de rock. Un absurdo propio de quien está en condiciones de tomar decisiones de manera discrecional, totalmente alejadas de la legalidad y de la lógica.

El colectivo «minguero» manifestó su «enojo y repudio hacia las autoridades municipales por suspender el evento musical que veníamos organizando y dándole difusión hace unos quince días; a tan solo cuatro horas de su inicio, con toda la movida, logística y gastos que eso implica».

Señalaron los organizadores que, ante el reclamo y pedido de explicaciones, los inspectores municipales que comunicaron la suspensión «consultaron con superiores y nos permitían abrir pero sin músicos sobre el escenario». Una decisión, como se ha dicho, carente de lógica y de legalidad. «Acá mando yo, y si no te gusta, tenemos gases y balas de goma» es el mensaje subliminal de la prohibición; muy a tono con el modelo de país que pretende imponer «Pandemia» Fernández, reemplazando al pan por el garrote para acompañar al circo.

«Esto indigna mucho más cuando hace sólo una semana se pretendió hacer un "Festival de la mujer", con apoyo de la secretaría de Cultura, que se dio de baja no por protocolos, sino por la protesta local por lo ridícula y ofensiva que resultaba la propuesta», enfatizaron desde La Minga en el texto mencionado.

El centro cultural, finalmente, decidió no abrir sus puertas. «Un encuentro de música en vivo no se puede hacer sin músicos, además de ser un espacio que convive y coexiste con les artistas y sus propuestas», sostuvieron.

POCO DIÁLOGO CON CULTURA

La Minga manifestó en su comunicado «la preocupación por el funcionamiento de la secretaría de Cultura y su falta de respuestas ante este tipo de atropellos. Para un espacio autogestionado como el nuestro resulta lógico y pertinente tener un trato y diálogo fluido con autoridades municipales del sector de Cultura, aunque por momentos se está tornando cada vez más difícil».

«Seguiremos por nuestro camino, como lo venimos haciendo desde hace mucho, así como también esperamos más puentes y menos obstáculos para con los artistas y los centros culturales», concluye el comunicado.

La rescisión de los convenios, que implicará el corte de los canales de comunicación entre la comisaría y el municipio, impone la búsqueda de alternativas para que Rojas conserve, al menos, una mirada puesta sobre sus fuerzas de seguridad

El Concejo Deliberante tiene en estudio un proyecto del Departamento Ejecutivo por el cual, en los próximos días, la policía dejará de ser «comunal»; esto es, desaparecerán los vínculos que existían entre la fuerza y el gobierno municipal. Cabe preguntarse, entonces, si no será el momento oportuno para conformar nuevamente el Foro de Seguridad, y también si tal foro debería ser el municipal o bien si se advierte como más positivo contar con uno vecinal.

Cabe mencionar que el carácter «comunal» de la policía –rubricada en 2004– no cortó su dependencia del gobierno provincial, aunque la puso operativamente al mando del intendente municipal, que ejercía ese control a través de la secretaría de Seguridad. En Rojas, esa función fue desempeñada durante los últimos años por el abogado Miguel Núñez, y en la actualidad está a cargo de Betsabé Corro.

La realidad es que las decisiones del intendente sobre la actuación de la policía siempre fueron pocas; se trata de una organización que, en lo concreto, tiene una gran autonomía, aún de las autoridades provinciales. Pero así y todo, los canales estaban abiertos; la secretaría de Seguridad tenía acceso a la conducción policial, y hasta cierto punto, también injerencia en lo que se hacía.

Esto se cortó a principios del año pasado, cuando tras la llegada de Sergio Berni al ministerio provincial de Seguridad comenzó un fuerte y sostenido proceso de concentración de las decisiones que convirtió en «figuras pintadas» al intendente y a su secretario. Las decisiones «bajan» directamente desde La Plata y la fuerza volvió a ser, después de muchos años, la nunca bien ponderada «Policía Bonaerense».

Es esta nueva realidad la que lleva inevitablemente a evaluar qué canales podrían existir, si no de conducción de la policía, al menos de control, con vistas a evitar que se convierta en una virtual «fuerza de ocupación» alejada no sólo del gobierno municipal sino también –y esto es más grave– de la comunidad con la que interactúa y en la que, al decir del especialista Marcelo Sain, «no combate al delito sino que lo gestiona».

Lo planteado lleva directa y urgentemente a la necesidad de volver a conformar el Foro de Seguridad. Este organismo creado por la ley 12.154 garantiza el derecho a «la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad pública» (Artículo 11°). Y la policía es parte de tales políticas.

Esta iniciativa debería estar, además, vinculada a una figura que no existe en el municipio, pero que podría crearse: la del «defensor de la seguridad», un funcionario elegido por el voto directo de los integrantes del Foro Municipal de Seguridad que cuenta entre sus funciones las de convocar a jefes policiales para tratar cualquier inquietud, verificar el accionar policial «a los fines de detectar hechos irregulares u omisiones, sobre la base de normas vigentes, reglamentos y procedimientos de aplicación, o bien conductas que pudieran implicar ejercicio abusivo, ilegítimo, irregular, defectuoso, arbitrario, discriminatorio, inconveniente o inoportuno», y establecer circuitos para recibir inquietudes, quejas o denuncias de entidades comunitarias o de ciudadanos.

Habría que evaluar, además, la conveniencia de conformar el Foro Municipal de Seguridad, o hacerlo en primer término con un Foro Vecinal. Es verdad que la reglamentación de la ley 12.154 estableció que en las localidades de poca población, como Rojas, es posible contar únicamente con el foro municipal; sin embargo, no está prohibido que una ciudad pequeña cuente con un foro vecinal, y esto podría ser conveniente en función de su mayor cercanía con las instituciones de la comunidad. Un tema de debate.

Fuentes del gobierno municipal informaron que la secretaría de Seguridad continuará existiendo; que seguirá contando con recursos y que se implementarán políticas preventivas. El propio intendente Claudio Rossi señaló hace pocos días que «lo que vamos a hacer nosotros es utilizar esos recursos para prevención; equipos multidisciplinarios, algún programa orientado a mujeres golpeadas, problemáticas juveniles, grupos vulnerables en general.».

Lo concreto hoy es que la policía dejará de ser «comunal»; los canales de comunicación entre la comisaría y el municipio desaparecerán, y por ende Rojas necesitará alguna alternativa para que sus fuerzas de seguridad continúen, al menos, bajo la mirada de los rojenses.

La conformación del Foro de Seguridad, algo que el actual oficialismo reclamó reiteradamente cuando era oposición, podría ser una de esas alternativas.

Martes 29 de marzo de 9 a 11 horas retira tu kit de Fecatest si tenes 50 años o más en la sede de Presidente Perón 379

El próximo miércoles 31 de marzo es el Día Mundial de Cáncer de Colon, y en el marco de esta fecha Lalcec Rojas realizará la campaña de Prevención a partir del martes 29 de marzo.

El cáncer de colon en el 90% de los casos pueden curarse si son detectados a tiempo.

Aunque no presente síntomas, a partir de los 50 años visita a un gastroenterólogo y realizate los estudios.

Si tenés antecedentes familiares, consultá a tu médico de manera más temprana.

La detección temprana puede salvarte la vida. Si tenés 50 años o más acercarte a nuestra sede en Pte. Perón 379 a partir del 29 de marzo de lunes a viernes de 9 a 11 horas y retirá un Kit de Fecatest (estudio de sangre oculta en materia fecal).

Un estudio a tiempo salva vida.